La historia de la Operación Alfa Carbón, ejecutada por la Central Nacional de Informaciones (CNI) en las regiones de Bío Bío y Los Ríos durante la dictadura militar, es un sombrío recordatorio de la represión estatal y la prolongada lucha de las familias por obtener justicia. Esta operación, que resultó en la muerte de siete militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ha transitado un arduo camino judicial de más de 34 años, culminando en sentencias que apuntan a agentes involucrados, entre ellos el ex mayor Patricio Lorenzo Castro Muñoz, una figura cuya trayectoria se entrelaza con episodios de violencia política y fraude financiero.
El Origen de la Operación y la Cadena de Mando
La Operación Alfa Carbón no se inició el 23 de agosto de 1984, fecha en que ocurrieron los asesinatos, sino mucho antes. La información sobre la presencia de militantes del MIR en la zona sur fue comunicada al jefe regional de la CNI, el coronel de Ejército Marcos Derpich Miranda, quien se encontraba en Santiago. Tras un análisis de los antecedentes, Derpich Miranda envió al mayor de Ejército Joaquín Molina a "evaluar la situación" en la zona sur. La cadena de mando aseguraba que la información llegara hasta el director de la CNI, general Humberto Gordon Rubio. Álvaro Corbalán Castilla, entonces jefe de la CNI, no dudó en cumplir la orden de su superior jerárquico. Corbalán no solo instruyó los movimientos de personal desde la Región Metropolitana a la zona sur, sino que también "ordenó a su subalterno Patricio Lorenzo Castro Muñoz que se constituyera en Valdivia, a cargo de los equipos que trasladó de Santiago, para dirigir y llevar a efecto las operaciones en esa región".
La Tesis del Enfrentamiento Desmoronada
Los primeros partes oficiales sobre la muerte de los siete miristas intentaron justificar los hechos como un presunto enfrentamiento con los agentes de la CNI. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, la tesis del cruce de disparos se fue debilitando hasta ser completamente desestimada en el fallo de primera instancia. El proceso judicial cuenta con el parte N°9 de Carabineros de Chile, dirigido al IV Juzgado Militar de Valdivia el 23 de agosto de 1984, que inicialmente apuntaba a un enfrentamiento.
La responsabilidad de Castro Muñoz, en particular, recae en los "operativos en que resultaron muertos" Jaime Barrientos Matamala y Rogelio Tapia de la Puente. El capitán Ernesto Moraga Tresckow fue "reiterativo en señalar que Patricio Castro Muñoz llegó con varios equipos de personal de la CNI de Santiago, con órdenes personales de sus superiores para proceder a la neutralización de dirigentes del MIR en la zona, dirigiendo la detención y ejecución de las víctimas Barrientos y Tapia, tomando parte directamente en su muerte, al dispararle personalmente a las mismas".
Castro Muñoz consideró esta acusación "falaz" y, en noviembre de 2019, presentó una querella contra Moraga Tresckow por el delito de falso testimonio.
El Pasado de Patricio Castro Muñoz: Fraude y Condenas
La historia de Patricio Lorenzo Castro Muñoz no se limita a su actuación en la CNI. En paralelo a su carrera en la inteligencia militar, su nombre aparece vinculado a actividades ilícitas. En 1994, fue condenado en primera instancia a 541 días de presidio por infracción a la ley general de bancos y "varias estafas" en relación con la financiera ilegal "La Cutufa", que defraudó a civiles y militares. A esta sanción se le concedió la remisión condicional. Tres años después, en octubre de 1997, la pena se elevó a 3 años y un día de presidio, con beneficio de libertad vigilada.
Su situación legal se complicó aún más tras no cancelar las indemnizaciones civiles a las que fue condenado. En marzo de 2005, se le suspendió el beneficio de libertad vigilada y, en junio de ese mismo año, se dictó una orden de detención en su contra. Adicionalmente, en 2005, el 34° Juzgado del Crimen de Santiago lo condenó a 541 días de presidio menor en su grado medio y a una multa por el delito de estafa.
En julio de 2019, la entonces Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región Metropolitana, Carolina Lavín Aliaga, rechazó la solicitud de eliminación de antecedentes penales de Castro Muñoz, resolución que este recurrió ante la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.
Un artículo del Centro de Investigación y Publicaciones (CIP) de la Universidad Diego Portales (UDP), titulado "Patricio Castro, el cerebro tras la financiera ilegal ‘La Cutufa’", lo describe como una persona con apego por el "lujo", "ambicioso y ostentador", que gastaba grandes sumas de dinero en una sola noche.
La Sentencia de Primera Instancia y las Apelaciones
El ministro en visita extraordinaria Carlos Aldana Fuentes, tras más de 34 años de la operación, dictó sentencia de primera instancia contra 17 agentes. En el considerando cuadragésimo quinto de su fallo, se exponen las declaraciones que fundamentan la condena de Castro Muñoz. Los dichos de Óscar Alberto Boehmwald Soto son relevantes, señalando que el ingreso a la casa donde murió un mirista fue "por orden del teniente Castro y el capitán Moraga", y que este último "dirigió a los agentes CNI que dispararon en contra de José Boncompte".
El ministro Aldana se formó la convicción de que "el acusado Patricio Lorenzo Castro Muñoz participó en calidad de autor material en los delitos de asociación ilícita y de los homicidios calificados de los referidos Barrientos y Tapia ocurrida el 23 de agosto de 1984 en el sector Estancilla, como asimismo, dirigió el operativo y la forma de actuar de los agentes CNI que dispararon en contra de José Boncompte".
Los condenados, como es habitual en casos de delitos de lesa humanidad, recurrieron contra el fallo. Se presentaron apelaciones y recursos de casación. En junio de 2022, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la sentencia en su aspecto penal. Posteriormente, las defensas elevaron los antecedentes a la Corte Suprema a través de recursos de casación en el fondo.
Maniobras Dilatorias y la Lucha por la Justicia Definitiva
Mientras los recursos de casación avanzaban en la Corte Suprema, la defensa de Patricio Castro Muñoz interpuso un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) el 23 de octubre de 2023, justo antes de la vista de la causa en la Corte Suprema. Esta acción fue calificada por algunos como una "medida que busca dilatar la tramitación normal de la causa".
La abogada Magdalena Garcés Fuentes, representante de varias familias de las víctimas, expresó su preocupación ante la posibilidad de que el TC suspenda el proceso, lo que significaría "dilatar la resolución de un juicio que lleva casi cuarenta años". Señaló que "la parte tuvo todo estos años para presentar su defensa y esperó que la causa estuviera ad portas de la Corte Suprema".
Paulina Zamorano, jefa del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, afirmó que esta acción "pretende entorpecer y dilatar la normal tramitación de un proceso criminal", y que "no es una estrategia nueva", sino una táctica reiteradamente utilizada por las defensas de responsables de crímenes de lesa humanidad.
El abogado de Patricio Castro Muñoz, Maximiliano Murath, defendió la inconstitucionalidad de la aplicación de presunciones judiciales en el caso de su representado y expresó disconformidad con la sentencia del ministro Aldana, argumentando que debió inhabilitarse debido a que su hermano fue torturado. Murath también cuestionó la validez de las declaraciones de Moraga Tresckow, considerándolas "inverosímiles" y "falsas lisa y llanamente". Aclaró que Castro Muñoz "nunca ha sido condenado por delitos de lesa humanidad", y que las otras condenas son de carácter "económico, patrimonial".
La historia judicial de la Operación Alfa Carbón comenzó el 23 de agosto de 1984 en fiscalías militares. La causa pasó a la justicia civil en 2007. El ministro Carlos Aldana acumuló las causas en 2011 y, en 2018, condenó a diecisiete agentes de la CNI. La Corte de Apelaciones de Concepción ratificó la sentencia en 2022, y la causa llegó a la Corte Suprema.
La Lucha Continua de las Familias
Las familias de las víctimas han esperado más de cuarenta años por una condena definitiva. "Hemos pasado nuestra vida luchando por verdad y por justicia", expresan. "En el transcurso de este tiempo han muerto nuestras abuelas, nuestras madres han envejecido. Nosotros, hijas e hijos, hemos crecido y se ha sumado nuestra descendencia. No queremos, no podemos heredarles esta lucha".
El 30 de octubre, día en que el Tribunal Constitucional revisaría el requerimiento de inaplicabilidad, familiares, amigos y compañeros de las víctimas entregaron una carta en dicho tribunal para intentar frenar una nueva maniobra dilatoria.
Recientemente, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo interpuesto por la defensa de Patricio Lorenzo Castro Muñoz, ordenando su traslado desde el penal de Concepción al Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco. La decisión se fundamentó en la necesidad de brindar tratamientos médicos y facilidades a adultos mayores con enfermedades graves, como garantía del derecho a la integridad personal. Sin embargo, la sentencia que le fue impuesta en el proceso por homicidio calificado y asociación ilícita, y las condenas de 15 años y un día y 5 años y un día de presidio efectivo, permanecen.
La Operación Alfa Carbón y el caso de Patricio Castro Muñoz ilustran la complejidad y la lentitud de los procesos de justicia en casos de violaciones a los derechos humanos, así como las estrategias legales empleadas para dilatar las sentencias definitivas, en un contexto de profunda memoria histórica y persistente búsqueda de verdad y reparación.