La Ley 20.886, promulgada en Chile el 18 de diciembre de 2015, representa un hito fundamental en la modernización del sistema judicial del país. Conocida también como la Ley de Tramitación Electrónica (LTE), esta normativa introdujo el concepto del expediente judicial electrónico, marcando el inicio de la transición desde el uso predominante del papel hacia plataformas digitales para la gestión de procesos judiciales. Su objetivo primordial es agilizar los procesos, reducir los costos de litigación, fomentar una litigación responsable por parte de los abogados y acercar a los ciudadanos al sistema de justicia civil.

Orígenes y Propósito de la Ley de Tramitación Electrónica
La Ley 20.886 surge como respuesta a la necesidad de actualizar un sistema judicial que, en ciertas áreas, se encontraba rezagado tecnológicamente. Si bien desde principios de la década pasada el Poder Judicial había implementado reformas procesales en materia penal, laboral y de familia, logrando una tramitación más ágil y especializada, los tribunales de letras en lo civil aún operaban bajo un sistema análogo, basado en el expediente físico. Estas materias, que incluyen causas civiles, comerciales, de minas, de aguas y actos judiciales no contenciosos, se beneficiaban poco de las innovaciones.
Ante esta situación, y con el procedimiento civil percibido como arcaico y sobrepasado, la Corte Suprema solicitó al Congreso la creación de la Ley 20.886. Es importante destacar que la LTE no constituye una Reforma Procesal Civil completa, sino un paso significativo y crucial hacia ella. Su implementación buscó paliar las deficiencias del sistema existente sin obstaculizar la futura cristalización de una reforma procesal civil más amplia.
Principios Fundamentales de la Tramitación Electrónica
La Ley de Tramitación Electrónica se sustenta en una serie de principios que guían su aplicación y garantizan la validez de los procedimientos digitales. El principio central es la equivalencia funcional del soporte electrónico. Esto significa que los actos jurisdiccionales y procesales realizados mediante firma electrónica tienen la misma validez y producen los mismos efectos que si se hubieran efectuado en papel.
Además de la equivalencia funcional, la LTE incorpora otros principios esenciales:
- Fidelidad: Asegura que la información contenida en los documentos electrónicos se mantenga inalterada a lo largo del tiempo.
- Publicidad: Garantiza el acceso a la información procesal, permitiendo la consulta pública de los expedientes electrónicos.
- Buena Fe: Exige que todas las partes, sus apoderados y cualquier persona que intervenga en el proceso de tramitación actúen con honestidad y transparencia.
- Actualización de los Sistemas Informáticos: Establece la necesidad de mantener los sistemas tecnológicos actualizados para asegurar su correcto funcionamiento.
- Cooperación: Subraya la importancia de que los auxiliares de la administración de justicia, las instituciones públicas y el Poder Judicial colaboren entre sí en el uso de los medios electrónicos dispuestos para la tramitación.

Cambios Clave Introducidos por la LTE
La implementación de la Ley 20.886 ha traído consigo transformaciones significativas en la práctica judicial. Entre los principales cambios se encuentran:
Digitalización de los Procesos Civiles
La ley establece la tramitación digital de los procedimientos judiciales. Las demandas y demás escritos deben ser ingresados de forma online a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, conocido como la Oficina Judicial Virtual (OJV). Los tribunales, por su parte, están obligados a registrar en el sistema informático todas las resoluciones y actuaciones procesales que se verifiquen en el juicio.
Uso de la Firma Electrónica Avanzada
La firma electrónica avanzada se convierte en una herramienta esencial para la validez de los documentos digitales. Esta firma tiene el valor probatorio de un instrumento público, siendo equivalente a un documento firmado ante notario. Para obtenerla, cualquier persona puede ingresar al sitio web de las Entidades Acreditadoras del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y solicitarla a cualquiera de las entidades autorizadas. El resultado es un certificado único que funciona como firma electrónica.
La normativa cubre aspectos importantes como la validez y la forma de obtención de la firma electrónica para abogados, así como los principios que aplican a la tramitación digital. Por ejemplo, Ecert es un proveedor autorizado de firmas electrónicas que emplea mecanismos innovadores de seguridad informática.
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Portal Web para la Tramitación Judicial
La Oficina Judicial Virtual (OJV) actúa como el portal centralizado para la tramitación de causas judiciales. A través de este sistema, se pueden presentar escritos, revisar el estado de los expedientes y obtener copias autorizadas de resoluciones y documentos.
Impacto y Beneficios de la Ley 20.886
La Ley de Tramitación Electrónica ha generado un impacto positivo en diversos ámbitos del sistema judicial y para sus usuarios:
Mejora de la Eficiencia y Accesibilidad
La tramitación electrónica ha hecho que la presentación de documentos ante los tribunales sea más rápida y sencilla, mejorando la eficiencia de los departamentos legales corporativos y de los abogados litigantes. Para los usuarios particulares, la Ley 20.886 ha representado una mayor accesibilidad al sistema judicial. Permite mejorar y facilitar el acceso a la justicia, al tiempo que contribuye a la preservación del medio ambiente mediante el ahorro de papel y tinta.
El ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, ha destacado la importancia de la tramitación electrónica en el aumento de los recursos de protección. Señaló que, de haberse tramitado en papel, la Corte Suprema habría tardado años en resolverlos.
Modernización Continua del Sistema Judicial
La Ley 20.886 ha sentado las bases para una modernización continua del sistema judicial en Chile. Ha sido un catalizador clave para la transformación digital de la administración de justicia. A pesar de los numerosos beneficios, existen desafíos que deben ser abordados para asegurar que todos los ciudadanos puedan beneficiarse plenamente de esta transformación.
Experiencia de los Abogados y el Poder Judicial
Si bien la implementación inicial de la Ley 20.886 requirió ajustes y, en ocasiones, enfrentó reclamos de los abogados debido a la inestabilidad de la plataforma, la evaluación general ha sido positiva. Los reclamos se han reducido drásticamente, lo que indica una mejora en el funcionamiento del sistema. El Poder Judicial, a través de su Corporación Administrativa, realizó una inversión significativa en la plataforma y en la renovación de equipos para su implementación.
Se ha destacado la buena acogida y colaboración por parte de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y la Corporación Administrativa del Poder Judicial. En los próximos meses, se espera la disponibilidad de planillas o formatos estándar de escritos en el sistema, facilitando aún más su uso.

Desafíos y Perspectivas Futuras
A pesar de los avances logrados, la implementación completa de la Ley de Tramitación Electrónica aún presenta desafíos. La ciberseguridad es un aspecto crucial, ya que la protección de los datos y documentos judiciales es de vital importancia. Asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de alfabetización digital, puedan acceder y utilizar el sistema es otro reto fundamental.
La Ley 20.886, al establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales y promover el uso de la firma electrónica, no solo ha mejorado la eficiencia y accesibilidad de los procesos judiciales, sino que también ha tenido un impacto positivo en las empresas y usuarios particulares. Representa un cambio de paradigma en la administración de justicia civil, un desafío que implica una mejor administración de justicia cuyo beneficio se podrá percibir de inmediato por toda la comunidad.
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